Por Fernando Lampre. Director de la Fundación Aragonum
La celebración de las últimas elecciones a Cortes de Aragón, el pasado 8 de febrero de 2026, nos ha brindado a la Fundación Aragonum la oportunidad de colaborar como convocante y asistente a una mesa redonda denominada “Aragón por la Cultura” –una magnífica y necesaria iniciativa de Julio Escartín, director artístico del Ciclo Moncayo de Música Solidaria que organiza la asociación Estrella de la Mañana-, mesa a la que estaban invitados representantes de los partidos políticos que se presentaban a la elecciones, para explicar sus líneas de actuación y propuestas para el impulso y desarrollo de la cultura en Aragón –aunque algunos partidos, como VOX, hicieron caso omiso a la invitación, mostrando bien a las claras que sus propuestas culturales en Aragón o carecen de la más mínima consideración o, directamente, no existen-.
Y es que estamos hablando, nada más y nada menos, de invertir en cultura, un objetivo gubernamental prioritario para cualquier comunidad humana si, honestamente, se pretende impulsar su cohesión y bienestar, su desarrollo social y económico: la inversión en cultura favorece la existencia de sociedades más resilientes y participativas, en las que prima la diversidad y el pensamiento crítico, el diálogo intercultural y el respeto mutuo. Entre las prioridades de las inversiones en cultura se encuentran la conservación del patrimonio, la gestión de instituciones culturales (museos, archivos, bibliotecas, teatros y auditorios públicos) y también el fomento y promoción cultural (programación de festivales y eventos, subvenciones y ayudas a la creación, etc.). Las subvenciones, por ejemplo, deben buscar el fomento de la creación, producción y difusión de las artes visuales, escénicas y musicales en Aragón y también, por supuesto, el apoyo a todo tipo de actividades culturales asociativas y comunitarias.
Sin embargo, pese a su relevancia, la inversión en cultura del Gobierno de Aragón muestra importantes desajustes, una escasa o nula planificación global y una exigua financiación, manteniéndose históricamente en niveles bajísimos que sitúan a la comunidad entre las que menos recursos destinan a este ámbito en toda España. Los datos del informe CulturaBase -plataforma oficial del Ministerio de Cultura-, son demoledores y muestran un panorama especialmente preocupante: Aragón es la segunda comunidad autónoma que menos porcentaje de su presupuesto dedica a la cultura, con tan solo un 0,37 % del gasto total en 2023 -con cifras muy similares desde el año 2019-, una cifra claramente inferior a la media estatal (0,67 %) y solamente superior a Castilla-La Mancha (0,33 %), comunidad situada en último lugar. Es importante destacar el porcentaje de gasto de algunas comunidades vecinas, donde resulta obvio que existe un mayor aprecio y protección de la cultura: Cataluña (0,83 %), Navarra (1,04 %), La Rioja (1,06 %) o País Vasco (1,23 %), valor este último que supera el triple del presupuesto aragonés.
Pero este porcentaje, lejos de mejorar, ha mostrado una notable resistencia al crecimiento. Informes recientes subrayan que ni los presupuestos de 2024 ni los de 2025 han alterado esta tendencia, consolidando a Aragón como una de las comunidades con menor esfuerzo inversor en el sector cultural. El diagnóstico es contundente: la inversión “nunca crece”, salvo en actuaciones puntuales y simbólicas, como la adquisición de un cuadro de Goya por parte del Ejecutivo autonómico para el Museo de Huesca, que no modifica la estructura y filosofía general del gasto.
Esta situación ha generado importantes críticas desde distintos ámbitos culturales y políticos, como quedó reflejado en la mesa. Por una parte, se desempolvaron y argumentaron planteamientos que ya vienen del Pacto por la Cultura, documento firmado por el Gobierno de Aragón y numerosas instituciones, asociaciones y entidades el 30 de marzo de 2023, que proponía, para revertir esta nefasta tendencia, la creación de una Consejería específica de Cultura o la firma de un gran pacto político que permitiera elevar progresivamente la inversión hasta el 1 % y, más adelante, al 2 % del presupuesto. Por otra parte, se aludió a un proyecto legislativo que nunca vio la luz, la Ley de Derechos Culturales de Aragón, cuyo principal cometido era reconocer la cultura como un derecho fundamental de toda la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia -en muchos casos como una herramienta estratégica contra la despoblación-, proporcionando un sostén a la cultura comunitaria y a las asociaciones dispersas por el territorio, entidades locales que permanentemente reclaman un apoyo estable para ellas y para proyectos primordiales o vertebradores -no sometidos a los vaivenes políticos o a la arbitrariedad del partido gobernante-, y finalmente una decidida simplificación burocrática de las ayudas.
Pero estas iniciativas no han pasado de ser declaraciones de intención o vacuos compromisos electorales. Algunas formaciones también denunciaron en la mesa que la política patrimonial y cultural carece de rumbo y de una estrategia sólida, lo que se traduce en una insuficiente protección del patrimonio -es manifiesta, por ejemplo, la desatención y ausencia de reconocimiento de las lenguas propias de Aragón-, un escaso apoyo a la creación artística y una limitada capacidad para dinamizar el tejido cultural del territorio, especialmente en el medio rural, como ya se ha indicado. El planteamiento y la apuesta cultural del equipo actual del Ejecutivo autonómico (PP y PAR), es fiel reflejo de todo lo que hasta aquí hemos expuesto, con un modelo inclinado mayoritariamente a los grandes eventos -primando la rentabilidad económica, la visibilidad y el consumismo-, frente a una gestión de la cultura como derecho de los ciudadanos y, por supuesto alejada de la proximidad o de los esquemas comunitarios. El propio Ejecutivo autonómico reconoció en la mesa que sus esfuerzos se centran en el apoyo a la jota para que sea reconocida como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, en el impulso a la figura del pintor Francisco de Goya y el bicentenario de su muerte (2028) -con la inesperada exclusión de Aragón en la comisión nacional de esta efemérides-, o en los proyectos vinculados a dos planes estratégicos, el denominado “Aragón, Reino de la Luz”, y el “Aragón, Territorio de Cultura” -iniciativa que tiene el objetivo de descentralizar la oferta cultural en diferentes escenarios emblemáticos por toda la geografía-. Solo estas apuestas gubernamentales darían de sí para una dilatada reflexión y debate que dejamos para próximas entregas.
En conjunto, la realidad es clara: Aragón mantiene una de las políticas culturales más austeras y rancias del Estado español, lo que limita enormemente su capacidad para defender y fortalecer su patrimonio, apoyar a sus creadores y consolidar un sector cultural sostenible, diverso y cercano a los ciudadanos.
